Fue denuncia de la Alameda y la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT.


“Es la primera vez que se probó la participación criminal de los empresarios textiles en la explotación laboral realizada en talleres clandestinos”, informó el organismo. El fallo se originó a partir de que la AFIP se presentó como querellante y solicitó la indagatoria de los titulares de las marcas que utilizaban tres talleres textiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida la tomó el juez Ariel Lijo y recayó sobre Silvia Bollada y Silvio D’ Amore, de la empresa Vidatex, que confeccionaba para la marca Narrow; Aldo Mario Rodríguez de Indus Jeans SA por M51; Yim Chang Yui de la marca Berry Blue y Rodrigo Garro, socio-gerente de Zurah Jeans. Además la Justicia procesó a nueve encargados de los talleres, ubicados en Parque Chacabuco. En tanto que a los titulares de las marcas se los consideró “partícipes necesarios” de trata de personas, reducción a la servidumbre y facilitación y permanencia de inmigrantes ilegales en el país.


Parte de la maquinaria decomisada fue entregada a la comunidad QOM de Formosa donde se genero un emprendimiento textil para las mujeres de la comunidad.

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