La denuncia fue presentada por la referente de la Red Antimafia Entre Rios y presidenta de la ONG "Red Alerta", Silvina Calveyra.
Tras la requisa a mujeres y hombres que ejercían la prostitución en zona de la Terminal de ómnibus, allanaron la casa de la presunta proxeneta en Villa 351 y un kiosco. Secuestraron cuadernos con anotaciones de interés para la causa.



Una investigación de la Policía reveló y desarticuló una mafia que funcionaba alrededor del negocio de la prostitución en la zona de la Terminal de ómnibus de Paraná. En la madrugada de ayer, con autorización del Juzgado federal, se realizaron allanamientos en los que se indagó a mujeres y hombres que ejercían la prostitución, y en la Villa 351 se allanó la vivienda de la mujer sospechada de comandar la organización, así como un local comercial ubicado frente a la Terminal.

Todos los días, pero mucho más los fines de semana, resulta evidente la oferta de sexo en la plaza Martín Fierro, ubicada entre las calles Ruiz Moreno, Antártida Argentina y Remedios de Escalada. El panorama que con el tiempo se fue naturalizando, escondía una red perversa de amenazas y extorsión: prostituirse en ese lugar no era libre, ni gratuito ni voluntario.

Luego de una denuncia, la División Trata de Personas y el Juzgado federal de Paraná comenzaron una investigación que duró algunos meses y derivó en allanamientos y requisas ayer a la madrugada.

A la medianoche del viernes comenzó el procedimiento del que participaron efectivos de la Dirección Investigaciones y de Toxicología. Arribaron a la plaza, donde identificaron a las personas que se prostituían en el lugar. Luego las trasladaron a los baños de la Terminal para requisarlas. Entre ellas se encontraba la mujer que sería la jefa de la organización encargada de regular el negocio ilícito en la zona. Se trata de una señora domiciliada en la Villa 351, que también ha sido vinculada a la venta de droga, por lo cual ya ha tenido causas penales por narcotráfico.

Simultáneamente, su domicilio en dicho barrio también era allanado. Allí los uniformados encontraron elementos de sumo interés para la investigación, como cuadernos con anotaciones donde figuran los nombres de las personas que eran explotadas sexualmente, y las tarifas que les cobraban a cada una.

Al mismo tiempo, personal policial de la Dirección Toxicología allanó un local comercial que funciona como kiosco bajo la razón social Rochi, ubicado detrás de la Terminal, en busca de elementos que interesen a la causa, como varios teléfonos celulares y anotaciones que fueron secuestrados.

Las actas correspondientes a los resultados de los procedimientos fueron elevadas al Juzgado federal a cargo de Leandro Ríos y el secretario Juan Rozas Paz, quienes analizarán las pruebas y dispondrán las medidas correspondientes en los próximos días. Si los elementos son suficientes, la presunta regente de la banda podría ser detenida e imputada por la infracción a la Ley Nº 26.364 que sanciona el delito de Trata de Personas.

Según se informó a Uno, las alternadoras debían afrontar un canon que variaba entre los 300 y los 500 pesos por noche, según la cantidad de horas que permanecían en la zona. La acusada es quien personalmente o mediante terceros cobraba el “alquiler” de cada esquina, como si fuera la dueña del espacio público. A quien pretendía pararse por su cuenta no tardaban en llegar las amenazas, los aprietes y las extorsiones que no dejaban otra chance que pagar o abandonar el lugar.

Desde hace un par de años, vecinos de la zona de la Terminal y la plaza Martín Fierro vienen denunciando y presentando quejas por las actividades ilícitas que al caer la noche, sobre todo los fines de semana, proliferan en las calles. Principalmente esto ocurrió luego de la ley que ordenó cerrar los prostíbulos en la provincia con el fin de combatir el flagelo de la explotación sexual y las redes de trata. De este modo creció la oferta sexual en la vía pública, y las bandas de proxenetas no tardaron en acomodarse a la situación. Una de las denuncias derivó en la investigación que durante varios meses llevó adelante la Policía, y así se pudo descubrir el funcionamiento de una organización que administraba con violencia el negocio ilegal.

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